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El pasado 26 de marzo del 2015, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, eligió a su nueva junta directiva hasta el año 2018.

 

Esta junta la componen diferentes sectores de la sociedad que defienden los derechos humanos, la paz y los valores democráticos.

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En el marco de las sesiones ordinarias por parte del Comité de Organizaciones No Gubernamentales de ECOSOC, de la ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, durante sesión del 26 de enero al 4 de febrero de 2015 y después de un cuidadoso análisis por parte de los países miembros, le fue otorgado el Estatus Consultivo Especial a la organización Colombiana COMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (CPDH).

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 - La Paz

 Partiendo de la observación de la situación colombiana en materia de paz y derechos humanos, confirmamos la persistencia de los actos de guerra cometidos por los diferentes actores armados que siguen desconociendo las normas del Derecho Internacional Humanitario y perjudicando gravemente a la población civil, mientras que los agentes del Estado continúan desconociendo y violando los derechos humanos.

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La generalización de la crisis colombiana, expresada en la agudización de las diferentes modalidades de violencia como masacres, homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, asesinatos por intolerancia social, cuyos resultados en los últimos 10 años arrojan la muerte de un cuarto de millón de personas y en el deterioro de las condiciones económico-sociales del pueblo, sin que se apliquen rectificaciones que permitan cambiar esta trágica situación que caracteriza el momento actual del país.

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Los acuerdos de paz suscritos entre el gobierno de Barco y el M-19 en marzo de 1.990 y luego con el PRT, el Quintín Lame, el Ejército Popular de Liberación y la reinserción de los combatientes de estos movimientos a la vida civil y la adopción de una nueva Constitución no lograron disminuir substancialmente la confrontación armada, pues los principales grupos insurgentes FARC, ELN y una parte del EPL no formaron parte de los acuerdos. Por otra parte el nuevo Presidente, Cesar Gaviria, desde el momento de su posesión les declaró a los grupos insurgentes la llamada guerra integral y el mismo día de la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente ordenó atacar el campamento de las FARC en Casaverde, hecho que agravó la confrontación armada y estimuló el crecimiento de los frentes guerrilleros.

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Después del holocausto del palacio de justicia en que fue sacrificada la Corte Suprema de Justicia y las reglas del Derecho Internacional Humanitario fueron totalmente ignoradas por el gobierno, que desoyó la petición de parar el asalto de la tropa al palacio, en busca de una salida incruenta a la toma guerrillera, hecha por el Presidente de esa institución y miembro del Comité Permanente doctor Alfonso Reyes Echandía, el gobierno retrocede frente a la búsqueda de soluciones políticas y opta por las medidas represivas como solución a los reclamos populares, lo cual agrava la violencia, desde entonces generalizada en la modalidad de guerra sucia, y que se expresa en el aumento de homicidios, masacres, desapariciones e incremento de grupos paramilitares, ante lo cual el derecho a la vida es casi inexistente y la democracia es simplemente formal.

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El agravamiento del conflicto, armado dado por el crecimiento de los grupos insurgentes y la utilización cada vez mayor de grupos paramilitares por parte de las Fuerzas Armadas en desarrollo de la estrategia contrainsurgente que convierte a la población civil en objeto de ataques por todos los actores armados, contrariando las mas elementales normas del Derecho Internacional Humanitario.

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Vamos por la paz