En este informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebra el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP). 

Nota de la Secretaría

En este informe, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebra el acuerdo de paz alcanzado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).

Destaca las tareas que las partes negociadoras le encomendaron a su Oficina en Colombia para apoyar la construcción de paz, que incluyen informar en un capítulo especial de sus informes anuales al Consejo de Derechos Humanos sobre la implementación de los aspectos de derechos humanos del acuerdo.

Este informe también describe la situación de derechos humanos en materia de paz, seguridad, desarrollo y democracia. Destaca algunos desafíos, especialmente en las áreas rurales, que incluyen la seguridad ciudadana, la violencia vinculada a actividades económicas ilegales, los ataques en contra de los defensores de derechos humanos, la corrupción y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

El informe contiene 15 recomendaciones.

 

Introducción

1. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia (la Oficina) felicita al Gobierno de Colombia, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y a la sociedad colombiana por su determinación de avanzar en el proceso de paz después de medio siglo de conflicto armado interno. Tras cuatro años de negociaciones, el 26 de septiembre las partes en el conflicto firmaron un acuerdo de paz en Cartagena.

2. En el plebiscito realizado el 2 de octubre ganó el voto en contra del Acuerdo de Paz por un margen de 0,43 por ciento, con una abstención de más del 60 por ciento. Posteriormente, el Gobierno invitó a representantes de los sectores que votaron en contra a compartir sus opiniones y sugerencias, las cuales fueron presentadas a las FARC-EP. Se negoció un nuevo texto. Sobre esta base, el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo de Paz) fue firmado en Bogotá el 24 de noviembre y aprobado por el Congreso el 30 de noviembre. El Alto Comisionado acoge con satisfacción el carácter innovador del Acuerdo de Paz, así como la incorporación de las obligaciones del Estado preexistentes en materia de derechos humanos.

3. Dado el amplio contenido de derechos humanos en el Acuerdo de Paz, las partes negociadoras solicitaron el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (la Oficina) para la implementación del acuerdo, en colaboración con otras entidades. Específicamente, a la Oficina se le encomendó:

  • Incluir en los informes anuales del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos sobre Colombia un capítulo especial sobre la implementación de los Acuerdos en materia de derechos humanos (punto 6.3.4);
  • Acompañar la implementación del capítulo 5 del Acuerdo de Paz sobre los derechos de las víctimas (6.4.2);
  • Participar como invitada en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada del diseño y seguimiento de las acciones contra las organizaciones criminales (3.4.3);
  • Acompañar la implementación de los puntos relacionados con garantías de seguridad individuales y colectivas para miembros de las FARC-EP (6.4.2);
  • Participar como invitada permanente en la Mesa Técnica encargada de desarrollar y coordinar el plan estratégico de seguridad y protección para el nuevo movimiento o partido político de las FARC-EP (3.4.7.4.2);
  • Acompañar la revisión de la situación de los integrantes o colaboradores de las FARC- EP privados de la libertad (6.4.2);
  • Colaborar, previa solicitud, en la verificación de la implementación y cumplimiento de las sanciones impuestas por el nuevo mecanismo transicional de justicia penal (5.1.2, párrafos 60 y 62 en relación con 53(d)).

4. El mandato integral de la Oficina fue renovado hasta el 31 de octubre de 2019, lo que permitirá a sus 14 oficinas en terreno continuar su labor de monitoreo y análisis de la situación de derechos humanos en lugares remotos y de difícil acceso afectados por la violencia y el conflicto armado, y de asesorar a las autoridades locales. La Oficina asesora a sus contrapartes nacionales en materia de derechos humanos en relación con seguridad ciudadana; empresas; defensores de derechos humanos; consulta previa, libre e informada; lucha contra la impunidad y política criminal; salud y educación; víctimas; reformas al sector de seguridad; y género, entre otros. El contenido del presente informe es el resultado de su labor de monitoreo, análisis y cooperación técnica para contribuir a mejorar la situación de derechos humanos en todo el país.

5. El Alto Comisionado recuerda que su Oficina en Colombia depende de contribuciones voluntarias para la implementación de su mandato y señala que mientras que se le ha encomendado a la Oficina asumir responsabilidades adicionales en virtud del Acuerdo de Paz, no ha habido un incremento en los recursos disponibles.

6. En marzo, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron una agenda formal de negociaciones de paz. Este diálogo se pospuso hasta 2017 debido a varios obstáculos, como la falta de confianza entre las partes; dificultades por parte del Gobierno de generar una mayor inclusión social y económica; y los secuestros continuos por parte del ELN. Las hostilidades entre las partes siguieron afectando a la población civil.

7. Del 24 al 29 de septiembre, el Alto Comisionado visitó Colombia para asistir a la ceremonia de firma del Acuerdo de Paz y se reunió con representantes del Estado y de la sociedad civil, incluyendo el sector privado, y con el Equipo de País de las Naciones Unidas. También visitó Bogotá, Mampuján, Medellín y Quibdó. Durante su visita, el Alto Comisionado reiteró el compromiso de su Oficina con el proceso de paz basado en los derechos humanos.

8. Durante 2016, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité sobre Desapariciones Forzadas y el Comité de Derechos Humanos examinaron la situación en Colombia.

Informe completo Aquí. 

 

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