Las víctimas de crímenes de Estado estamos convencidas de la importancia y la oportunidad que ofrece la paz para Colombia. Creemos en este proceso porque sienta las bases para poner fin al conflicto armado con las Farc-Ep, erradicar las armas de la política y avanzar hacia una paz estable y duradera. El dolor y la defensa de nuestros derechos nos han movilizado para convertirnos en constructoras de paz.

Creemos haber estado a la altura. Durante más de cuatro años participamos con propuestas y consideraciones en la mesa de negociaciones de La Habana, un hecho histórico reconocido internacionalmente, que contribuyó a materializar el principio de centralidad de las víctimas en el acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc-Ep.

La responsabilidad  con el país de concretar este Acuerdo está en sus manos, señores y señoras congresistas.  Les corresponde asumir este momento histórico. No vamos a permitir que con propósitos partidistas y egoístas, busquen desestabilizar lo logrado y dilatar la implementación de lo acordado. La falta de quórum y el ausentismo no pueden arrebatarnos nuestro derecho a la paz.

Por eso estamos aquí hoy. Para recordarles que adquirieron un compromiso con las víctimas y con la sociedad colombiana para sacar adelante este cambio.  También para que nuestra voz sea escuchada, a pesar de que el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, negara la posibilidad a las víctimas de crímenes de Estado de estar representadas en este espacio. Exigimos un trato simétrico y equitativo en la participación del proceso de implementación, y en el respeto y garantía de nuestros derechos en todos los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

El principio de bilateralidad acordado en la Habana es ineludible para garantizar una paz estable y duradera.  Como garantía de derechos para las víctimas y para la construcción de la memoria histórica de lo ocurrido, el Estado debe asumir su responsabilidad en el conflicto armado colombiano y en la violencia política contra el movimiento social y popular, y garantizar la administración de justicia frente a agentes estatales que hayan cometido crímenes.

El tratamiento especial para los integrantes de la Fuerza Pública, anunciado momentos previos a la firma del Acuerdo, en el que se suprime la mención al Estatuto de Roma en la definición de responsabilidad por cadena de mando, es una clara violación al principio de bilateralidad. En ese sentido, demandamos el control del poder civil sobre el militar y no ceder a las presiones que están ejerciendo algunos sectores de las Fuerzas Armadas para lograr que los crímenes de Estado permanezcan en la impunidad.

Urge la puesta en marcha de la Unidad de Investigación para el Desmantelamiento del Paramilitarismo y sus redes de apoyo como garantía de no repetición. Líderes sociales y de defensa de derechos humanos están siendo blanco de una política sistemática de  persecución y asesinatos mientras Uds., dilatan la implementación de un Acuerdo que les garantiza medidas de protección. Su irresponsabilidad también nos está matando.

 Bogotá, 13 de marzo de 2017


Vamos por la paz