Desde los procesos de la lucha social territorial y luego de la realización de 16 foros regionales de derechos humanos; delegaciones de 18 regiones nos congregamos en la ciudad de Bogotá en el “XII Foro Nacional de Derechos Humanos: DEFENDER LA VIDA, CONSTRUIR LA PAZ”, con el fin de analizar la grave crisis humanitaria por la que están atravesando los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en las comunidades y territorios, como también con la firme disposición de articular iniciativas y acciones en defensa de la vida, el respaldo a la movilización social, a la lucha por la implementación de los acuerdos, el diálogo con las demás insurgencias y a favor de una solución política integral a un conflicto social y armado que persiste con todas sus nefastas consecuencias para la población colombiana. 

El XII Foro se convocó en momentos en que está emergiendo una nueva situación nacional, caracterizada por el viraje del Estado frente al cumplimiento de los acuerdos de la Habana y la llegada de un nuevo gobierno que retoma los acentos más autoritarios y guerreristas del régimen político. Es importante destacar que este evento sesionó en medio de las multitudinarias movilizaciones estudiantiles y profesorales en todo el país, que exigen reducir el gasto de guerra para garantizar la financiación directa a las Instituciones Públicas de Educación Superior; y también en el marco de las protestas obreras y ciudadanas contra la ley de financiamiento, que se vienen manifestando masivamente en las calles contra una política oficial que descarga todo el costo de la crisis fiscal sobre el bolsillo de los sectores medios y más pobres que son la mayoría de la población del país.  

PAZ Y DERECHOS HUMANOS

Los participantes observan que el actual gobierno realiza una doble conducta frente a la solución política del conflicto interno: Por un lado, se manifiesta en escenarios internacionales comprometido con la implementación del acuerdo de paz; mientras que por otro, en su política interna, los partidos de gobierno vienen protagonizando una cascada de proyectos de ley para enterrar los acuerdos con las FARC, es decir, para desmantelar el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición (SIVJRGNR).

Esta estrategia se manifiesta en particular con el hecho de impedir que los militares concurran a aportar verdad y a acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz; mantener más de 400 excombatientes presos retenidos ilegalmente;  permitir que desde la firma del acuerdo se hayan asesinado 82 excombatientes impunemente; congelar los programas sociales con los recién reincorporados; eliminar las circunscripciones especiales de paz; abandonar la erradicación voluntaria de cultivos declarados de uso ilícito y retornar las fumigaciones con glifosato, medidas acompañadas de la represión generalizada hacia las poblaciones cocaleras; adicionalmente con el congelamiento del fondo de tierras para la población campesina excluida y, en general, con el sometimiento de la implementación a la asfixia económica

El XII Foro insta a defender con la movilización el SIVJRGNR, pieza central del acuerdo, desde las organizaciones de derechos humanos, los procesos sociales y las comunidades territoriales participando activamente con la sistematización de las denuncias, a fin de ser expuestas en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado y; la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Los asistentes exigen del gobierno nacional menos retórica de paz, la pronta reactivación de los equipos de gestión y la toma de las medidas necesarias y urgentes para reasumir integralmente la implementación de los acuerdos con las FARC que ya tienen una cobertura constitucional.

El XII Foro Nacional reclama del gobierno retomar inmediatamente las conversaciones con el ELN, comenzando por el cese bilateral de fuegos. Los actuales condicionamientos del presidente Duque son inaceptables en cuanto representan la pretensión de una rendición del ELN. Exhortamos a las partes a continuar buscando métodos y acciones discretas que incluyan la facilitación de la comunidad internacional para reanudar la mesa conversaciones en torno a la agenda pactada.

EL XII Foro exige al gobierno de Duque adoptar una política integral y permanente de paz desde el Estado colombiano que incluya no solo el conflicto interno sino el relacionamiento con los países vecinos. En este sentido, no se justifica la injerencia norteamericana a través de su presencia con bases militares en el territorio colombiano, ni mucho menos es aceptable permitir que se desarrollen planes de intervención militar hacia Venezuela, en el marco de las directrices de seguridad y defensa de la OTAN y el TIAR.

Está en el espíritu del XII Foro reconocer que el acuerdo de Paz de la Habana ha propiciado un ambiente favorable para salir de los rigores de la guerra en varios territorios devastados durante un largo periodo. Pero al mismo tiempo se observa con preocupación, como el establecimiento insiste en prolongar las acciones de guerra con militarizaciones, bombardeos, ametrallamientos, bloqueos económicos y hostigamientos a la población civil, so pretexto de llevar a cabo una política de sometimiento de los grupos armados organizados.

En este contexto exigimos del gobierno incluir dentro de su política de paz, la iniciación pronta de un diálogo con el Ejército Popular de Liberación (EPL), al tiempo que haga eficaz los acuerdos relativos al desmonte efectivo del paramilitarismo en todas sus facetas y manifestaciones, máxime cuando dichos grupos están haciendo presencia en por lo menos 28 departamentos del país y en algunos casos en zonas cercanas a los ETCR, con la complicidad de la fuerza pública.

Esta situación amerita la puesta en marcha de acciones populares en el marco del punto 3,4 del Acuerdo de la Habana, consistente en impulsar pactos territoriales y regionales que involucren a todos los sectores económicos, políticos, sociales inclusive a los grupos armados, tendientes a sacar definitivamente de la política las armas y la violencia, como un paso fundamental para allanar el camino hacia la paz y la reconciliación nacional.

Los compromisos bilaterales deben redundar en la aplicación de medidas humanitarias que protejan a la población en las áreas de confrontación, especialmente en el Catatumbo, Arauca, Nariño, Cauca, el pacífico colombiano, Caquetá y el sur del Meta, donde la política represiva y de despojo amenaza con reactivar el conflicto en los territorios donde deben implementarse los acuerdos de paz. En tal sentido, nos unimos al clamor nacional e internacional de exigirle al gobierno de Duque que entregue resultados concretos al país sobre los miles de colombianos detenidos y desaparecidos a manos de la inteligencia del Estado.

DERECHO A LA PROTESTA SOCIAL Y GARANTÍAS

El XII Foro se ha mostrado consternado con los más de 400 líderes sociales asesinados en los dos últimos años. Desde la extrema derecha hay dos estrategias perversas en curso: al mismo tiempo que en el Congreso se niegan las curules de paz a los líderes sociales, en las regiones se les asesina selectiva y sistemáticamente. Son muertes en el marco del lenguaje belicista y de judicialización por parte del Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.

Rechazamos los anuncios del ministro de Defensa de limitar a través de reglamentaciones la protesta social en contravía de los acuerdos de la Habana, que obligan al gobierno a convocar la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, a hacer eficaz el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida a la presencia, acciones y/o actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales que ponen en riesgo los derechos de la población y la implementación del Acuerdo Final.

Exigimos a la fiscalía general de la nación que implemente sin dilaciones la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atentan contra defensores (as) de los derechos humanos, movimientos sociales y políticos y todas las personas que participan del proceso de implementación de los acuerdos y en la construcción de la paz. Así mismo instamos al gobierno nacional a que se adopten las medidas administrativas necesarias para crear y reglamentar el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios.

Hacemos un llamado al gobierno nacional para que adopte el proyecto de ley, en el marco de la implementación del Acuerdo Final, que desarrolla normativamente las garantías a la protesta y la movilización social. Ello implicaría una revisión del actual código de policía que habilita el uso desmedido de la fuerza, las detenciones arbitrarias, la infiltración y la provocación a las manifestaciones sociales. Hoy más que nunca es vigente la exigencia del desmonte del ESMAD.

El país sabe quiénes son los autores intelectuales y pide fin a la impunidad. Exigimos al establecimiento parar los asesinatos, desplazamientos, la estigmatización, criminalización y judicialización del movimiento social y popular.  Hacemos una convocatoria a paralizar el país si hay un nuevo líder asesinado. La vida debe respetarse.

MOVIMIENTO SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS

 Los participantes del XII Foro Nacional por los DDHH estamos convencidos de que es consustancial al derecho a la vida la plena vigencia de las libertades civiles y políticas, como también los derechos económicos, sociales y culturales que hacen parte de las justas reivindicaciones de la juventud, del movimiento de las mujeres, los indígenas, los afrocolombianos y las diversidades sexuales. Estas reivindicaciones desde la diversidad y la diferencia están íntimamente vinculadas a las luchas sociales por el trabajo digno, la educación y la salud para el conjunto de la sociedad.

Todas estas aspiraciones de paz con justicia social no se pueden entender, si al centro no está garantizada la superación del hambre y la miseria, al igual que el acceso universal a una educación, que en todos sus niveles, sea gratuita, laica y científica, con gobierno y autonomía de las comunidades educativas; una educación comprometida con la paz y la solución política cuyo proyecto pedagógico esté encaminado a fomentar la libertad, la igualdad, la justicia social, es decir, que eduque para el pensamiento crítico y transformador de la realidad territorial, regional y nacional. 

MODELO ECONÓMICO, EMPRESAS TRANSNACIONALES Y DERECHOS HUMANOS

El XII Foro Nacional por los DDHH ha coincidido en que el modelo económico extractivista y la política económica del gobierno son abiertamente violatorios de los derechos de la gente. Rechazamos el alineamiento de la Corte Constitucional con los intereses de las Corporaciones transnacionales al limitar los alcances de las consultas populares que reclaman el derecho al agua y un medio ambiente sano; es inadmisible que se pretenda atentar contra las consultas previas de las comunidades. Exigimos el cese del proceso de privatización de los bienes públicos, entre ellos, la Estatal Ecopetrol; rechazamos los planes de gravar con IVA los alimentos de la canasta familiar, cargar con más impuestos el salario de los trabajadores y las pensiones. Los recursos que se reclaman para financiar el presupuesto nacional se pueden lograr eliminando la corrupción en la cúpula del Estado, gravando las enormes áreas de tierras improductivas y poniendo a tributar las grandes fortunas empresariales hasta ahora exoneradas.

El XII Foro se une a los debates de escenarios amplios, unitarios y convergentes en el sentido que es hora de articular las acciones por la vida y la paz. La unidad de acción sin cálculos de grupo y con desprendimiento generoso es un imperativo para enfrentar solidariamente las amenazas que se ciernen sobre la vida, la paz y las libertades ciudadanas. Nos unimos al llamado que desde variados sectores hacen para concretar un Paro Nacional contra el vandalismo económico y social del Estado.

El XII Foro propone impulsar desde las diversas plataformas de DDHH y procesos de movilización popular, impulsar un proceso de constitución de un Tribunal Permanente de Denuncias y Seguimiento a las Violaciones de Derechos Humanos de Líderes y Lideresas Sociales en Colombia, con acompañamiento internacional, que tenga como propósito articular los diversos esfuerzos que vienen realizándose y consoliden la lucha contra la violación de los derechos humanos y la impunidad.

El XII Foro hace un llamado a las Plataformas de Derechos Humanos a trabajar por la más amplia unidad, buscando la confluencia de las diversas iniciativas en función de una agenda y una ruta común de movilización por la defensa de los derechos humanos. En ese sentido se presenta las siguientes:  

 Iniciativas

  1.  La construcción de un centro de memoria de las victimas desde los movimientos sociales y populares que no dependan de la institucionalidad.

 

  1. Desarrollar la campaña de los 70 años de la declaración universal de los derechos humanos con un criterio crítico y formativo.

 

  1. Apoyar la Iniciativa legislativa sobre las garantías para el ejercicio del derecho a la movilización y la protesta en concordancia con el punto 2.2.2 del Acuerdo de Paz.

 

  1. Impulsar una campaña nacional contra la estigmatización de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

 

  1. Respaldar las iniciativas que buscan el reconocimiento constitucional de los derechos de campesinos y campesinas con base en la declaración de la ONU “sobre los derechos de los campesinos y campesinas y de otras personas que trabajan en las zonas rurales”.

 

  1. Elevar la solicitud formal ante la Corte Penal Internacional para que intervenga ante los casos donde existe amenaza de impunidad.

 

  1. Apoyar e impulsar la Tercera Brigada Internacional Juvenil por la Paz a realizarse en la región el Catatumbo.  

 

  1. Respaldar y acompañar las jornadas de movilización, entre ellas la toma a Bogotá y demás capitales prevista para el 28 de noviembre y el Paro Nacional proyectado para el 13 de diciembre, convocadas por el Comando Nacional Unitario.

 

  1. Así mismo exigimos por parte de la Defensoría del Pueblo que se presente el informe sobre la situación de los derechos humanos para el año 2018 que no ha sido presentado.

 

  1. Impulsar una campaña nacional por la implementación de los acuerdos y el diálogo con otras insurgencias para la solución política del conflicto armado. La campaña comprenderá estrategias de seguimiento a la implementación, la construcción de informes y la creación de escenarios de diálogo para la movilización y posicionamiento en la agenda pública.

 

XII FORO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Defender la Vida, Construir la Paz

 

 


Vamos por la paz