Treinta mil soldados colombianos que juraron defender la patria y los intereses de los ciudadanos, recorren sudorosos, cargados de armas compradas en Estados Unidos, España o Israel, las selvas y territorios donde las empresas extranjeras extraen petróleo  oro, carbón, plata, maderas. 

Algunos consiguen ser enviados como mercenarios a proteger los pozos de las mismas compañías en el Medio Oriente. Allá hacen lo mismo, pero reciben la paga en dólares: cuidan oleoductos para evitar atentados, vigilan a los nativos  siempre inconformes, siempre dispuestos a sublevarse contra el saqueo.

  En las ciudades colombianas un ejército privado compuesto por  medio millón de vigilantes de seguridad, conocidos como “guachimanes”, custodian junto a cuatrocientos mil soldados y policías a los bancos, en su mayoría de capital español, las  universidades, los hospitales, las sedes oficiales, los almacenes de cadena, las mansiones y los prostíbulos. No hay calle de los centros turísticos y de negocios que no esté tomado por patrullas de exmilitares reconvertidos en vigilantes privados, contratados por oficiales dueños de empresas de seguridad, hombres y mujeres  bien armados y entrenados, comunicados por radioteléfonos con la policía y con sus centrales,  provistos de armas de fuego, porras y fieros perros doberman y rottweiler.

Sin embargo, en medio de tanta seguridad siguen cayendo impunemente asesinados los sindicalistas que exigen a las multinacionales el respeto a los trabajadores y a sus derechos, los indígenas, negros, homosexuales y sobre todo los campesinos que reclaman la restitución de las tierras que los empresarios de la palma aceitera, la ganadería, las bananeras y las empresas mineras les arrebataron tras despojarlos mediante el terror paramilitar.

El desplazamiento masivo y forzado de ¡cinco millones de personas¡ no es sólo un serio problema de derechos humanos que convirtió a Colombia en el país del mundo con más desplazados internos. Es -ante todo- una estrategia de guerra para limpiar de gente que estorba las zonas donde se proyectan las inversiones del capital internacional, que según el gobierno traerán la “prosperidad para todos”.

Medio millón de colombianos huyeron de la persecución en forma de amenazas, asesinatos y terror y  residen en otros países. Unos doce mil  colombianos lograron pasar el año pasado los ríos San Miguel y Putumayo y llegaron angustiados pidiendo asilo en Ecuador. Decenas de miles más huyen hacia Venezuela o Panamá. Menos de la mitad lograrán el estatus de refugiados.

La mayoría de las personas desplazadas por el conflicto armado interno y por los proyectos de inversión están desamparadas en los países a donde lograron llegar. Son población vulnerable: mujeres y las niñas a las redes de explotación sexual, hombres y niños a la explotación laboral en los agronegocios, cuando no son captados por las redes de la delincuencia común, o reclutados para la guerra por los grupos armados ilegales.  

En el día del refugiado afirmamos que Colombia es hoy un país seguro para los inversionistas, pero no para la población empobrecida de campesinos,  indígenas, negros,  sindicalistas o integrantes de otras “minorías” para los que la consigna del desarrollo y la prosperidad se convirtió en sinónimo de armamentismo, terror y destierro.

Colectivo de colombianos/as refugiados/as en Asturias “Luciano Romero Molina”
Javier Orozco Peñaranda., Yuveli Muñoz Pardo, Yuri Neira Salamanca. Xixón, Asturias, 20 de junio/12